2008; Rafael Correa: auditoria a la deuda
Rafael Correa, Ministro de Economía y Finanzas en 2005 ya consideró que el 80 % del dinero obtenido por el petróleo ecuatoriano debía destinarse a la población y solamente el 20 % al pago de la deuda, ante las amenazas del Banco Mundial dimitió como ministro alegando que no iba a someterse al mandato del Banco Mundial.
En 2008, ya como Presidente de Ecuador, Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional que obligaba a destinar más del 50 % de los recursos económicos del estado a pagar la deuda. Correa manifestó: Lo primero es la vida, después la deuda. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador, creó un Comité de Auditoría , y con la participación de economistas, abogados y representantes de organizaciones sociales tanto de Ecuador como internacionales, que concluyó que una gran parte de la deuda de gobiernos anteriores era ilegítima, especialmente los contratos de deuda del año 2000. El informe fue trasladado tanto al gobierno como a los ciudadanos de Ecuador.
El Gobierno de Rafael Correa declaró el cese de pagos del 70 % de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el cese de pagos los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado, con valores muy bajos —sobre el 20 % de su valor—, los bonos de deuda ecuatoriana. Ecuador, de forma secreta, utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia deuda lo que supuso una reducción de su deuda real y de los intereses lo que pudo suponer un ahorro de unos 7.000 millones de dólares para Ecuador.
Hasta el primer semestre del año 2016 el actual gobierno alcanzaría una deuda externa de $37.000 millones. Los expertos en economía proyectan un pago anual de $3.300 millones para lograr liberarse de esta deuda. Ecuador mantiene una deuda interna de $12.000 millones dentro de la cual está el IESS, con un valor de $7.000 millones.
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